Ya parece que ha pasado el tiempo de insultar y vituperar a los funcionarios y empleados públicos. Ya no se les llama vagos y rémoras de la sociedad, apoyando mentiras como la de que somos el país del mundo con mayor ratio de funcionarios y empleados per cápita. De hecho, según datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la ratio de funcionarios y empleados públicos versus población activa empleada en España es inferior a la media europea. En el momento en que comparamos estas cifras con la de la población real el porcentaje español baja considerablemente. De hecho, España se encuentra a la cola de Europa en el número de empleados públicos en la ratio de trabajadores por habitante (uno por cada 15). Total, ya se ha conseguido empobrecerles considerablemente, como al resto de la sociedad, pero se podían haber ahorrado los insultos esos mismos que se quejan del scraching.
Por supuesto que, como en todas partes, hay trabajadores que no hacen bien su trabajo, ya sea por desinterés o por mala gestión de sus responsables, esto sucede igual en la empresa privada.
En este punto creo conveniente diferenciar entre los funcionarios y los empleados públicos. Los primeros han debido superar unas oposiciones, que no son fáciles de aprobar, para ganar su plaza. El objetivo fundamental de un funcionario es garantizar que la administración pública funcione, con independencia de quien gobierne. Para que un funcionario pueda ser independiente debe tener garantizada una cierta estabilidad, tanto económica, como en la conservación de su puesto de trabajo, en caso contrario la dependencia de sus jefes, los políticos, puede llegar a poner en peligro el correcto funcionamiento de nuestras administraciones y no podemos olvidar que su objetivo fundamental es estar al servicio de todos los ciudadanos.
El empleado público, al igual que todos los demás que trabajamos en la empresa privada, ha sido contratado de acuerdo a la legislación laboral vigente y está sujeto a las necesidades de la empresa contratante. Bien es cierto que en las empresas o administraciones públicas hay más tendencia a ser conservadores y evitar despidos que en las puramente privadas. Más aun, en algunos casos, como pueden ser algunas administraciones, como ayuntamientos pequeños, se mantienen puestos de trabajo por razones puramente políticas y/o de clientelismo que tienen poco que ver con la eficiencia exigible a las administraciones públicas.
Llegados aquí, me parece conveniente recordar que los políticos, al igual que los funcionarios, están obligados a servir a los ciudadanos y no a servirse de ellos para sus propios intereses. Mientras los segundos garantizan el funcionamiento regular de la administración, los primeros deben implementar las políticas que prometieron realizar y por las que fueron elegidos. Curiosamente, no he oído nunca a ningún político tildar de vagos a sus iguales. Tampoco suelen tener entre sus prioridades rebajarse el sueldo. Aquí, en Miraflores, tenemos un excelente ejemplo de lo contrario, nuestro compañeros concejales ya promovieron cuando estaban en la oposición una rebaja sustancial del salario de los concejales del PP, es necesario recordar que hubo que obligarles, no querían. Asimismo, la primera medida que tomaron al llegar al gobierno de nuestro ayuntamiento fue rebajar más del 60% el coste salarial de los cargos electos. Desde mi punto de vista, incluso pecaron por exceso en el recorte.
Volviendo al punto de los empleados de empresas o administraciones públicas, no estoy de acuerdo con las políticas de mantenimiento de empleos a toda costa. En Miraflores, dentro del acuerdo de investidura, y a propuesta de IU, se firmó un acuerdo que prohibía explícitamente realizar recortes en los empleados públicos dependientes del ayuntamiento. Hasta el momento, el cumplimiento de este compromiso ha sido muy elevado, la inmensa mayoría de los empleados que perdieron su empleo dependían económicamente de subvenciones de la Comunidad de Madrid que desaparecieron. La máxima que debe regular su situación es la del servicio público. Mantener empleados que no son necesarios o no tienen la cualificación o la formación necesaria para desempeñar sus funciones, no parece una buena estrategia de servicio público. Además de ser ineficientes, están quitando la posibilidad de ocupar su puesto a otras personas más cualificadas y que también necesitan un empleo Y que tal vez su única carencia consista en no ser familiar, amigo o cliente de algún responsable político. No debemos olvidar que todos estos salarios provienen de fondos públicos alimentados con nuestros impuestos. Tenemos, en consecuencia, la obligación de exigir que nuestros dineros no sean dilapidados por un interés distinto del de la prestación de más y mejores servicios públicos.
No defiendo en este escrito el despido masivo, ni siquiera un solo despido, ya hay bastante gente en el paro. Pero tampoco quiero olvidar que la administración pública, no tiene entre sus misiones la de dar empleo a personas, sino la de dar un servicio a los ciudadanos de la manera más eficiente posible. Entre estos servicios, el fomento del empleo debe ser uno de los principales, eso sí, cada administración en la medida de sus responsabilidades. Hay por tanto que definir los servicios que se deben y quieren hacer realidad, analizar cómo hacerlos y definir las personas necesarias, tanto en número como en competencia. Cualquier otra manera de hacer las cosas implica dejación de funciones e incumplimiento de la responsabilidad adquirida.
Félix Santos (FS)
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