El pasado 8 de diciembre de 2014, gracias a los artículos publicados, entre otros, en El País y en Ser Madrid Norte, nos enteramos de lo siguiente; algunos vecinos han acumulado una deuda con el ayuntamiento que asciende a 3,8 millones de euros.
Mi primera sorpresa reside en la manera en la que nos llega dicha información, a través de la prensa. Es llamativo si tenemos en cuenta la cantidad de informaciones que hemos recibido con la opinión de los distintos partidos políticos, PSOE y PP fundamentalmente, sobre la deuda del consistorio y el plan de pago a proveedores impulsado por el gobierno de España.
Sobre estos impagos, sería conveniente analizar la causa de los mismos y adoptar medidas para evitar que se produzcan. Una de las causas de estos impagos podría ser la difícil situación económica derivada de la crisis que estamos viviendo desde 2008. Para paliar esta situación, creo que sería conveniente avanzar en facilitar el pago de estos impuestos, permitiendo una mayor flexibilidad y un mayor fraccionamiento de estos.
Si este agujero fue destapado por la interventora municipal, en el informe de fiscalización de cuentas del ejercicio 2011, y teniendo en cuenta que hace ya bastante tiempo que no ocupa su plaza y que esta está siendo ocupada, en comisión de servicios, por el interventor de otro municipio: ¿Qué acciones se han tomado desde que la interventora municipal realizó este informe?
También nos hemos enterado que de estos 3,8 millones de euros, sólo se podrían recuperar 2,3 millones. Es decir, se habrían perdido 1,5 millones de euros cuyo derecho de cobro habría prescrito.
Tal y como consta en las ordenanzas municipales, el plazo de prescripción de estos derechos de cobro se rige según lo estipulado en los artículos 67 y 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El resumen de estos artículos viene a ser que el plazo de prescripción de estos derechos de cobro (4 años generalmente) se hubiera interrumpido “Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.”.
Aquí surge otra de esas preguntas que nos estamos haciendo muchos, ¿Se han realizado todas las acciones posibles para evitar la prescripción de estos recibos? aquí llegaríamos al capítulo de responsabilidades ya que, por poner un ejemplo, las acciones encaminadas a interrumpir el plazo de prescripción de un recibo impagado en 2009, se podrían haber realizado en cualquier momento entre 2010 y 2014, es decir bajo los últimos gobiernos de PP y PSOE.
La falta de información sobre este tema, unida a las supuestas declaraciones del actual alcalde de Miraflores a El País (“Yo no me voy a comer este marrón”) o las supuestamente realizadas por el concejal de IU (“si los sucesivos gobiernos (del PP y del PSOE), hubieran cumplido con su deber de control, las cuentas estarían saneadas”), junto con la información incluida en ambos artículos de que este tema se ha destapado por el cambio en la empresa que gestionaba la recaudación de estos impuestos; hace que muchos mirafloreños tengan una imagen de falta de supervisión y control por parte de los distintos equipos de gobierno que han gestionado nuestro ayuntamiento en los últimos años.
Creo que el ayuntamiento de Miraflores de la Sierra debería evitar esta imagen haciendo público un informe que, al menos, contuviera por cada ejercicio la siguiente información:
- Importe total impagado
- Importe impagado de este ejercicio sobre el que se han realizado acciones en ejercicios posteriores para evitar que prescriba.
- Importe impagado por el que no se han podido realizar acciones para evitar su prescripción (en este caso, estaría bien conocer las causas principales).
Esta información no debería ser muy difícil de obtener ya que incluso se conoce el número exacto de recibos (13.225). Adicionalmente, a los distintos grupos políticos se les debería suministrar un mayor detalle para despejar cualquier tipo de duda sobre la veracidad de esta información, ya que este detalle, legalmente, no se nos puede suministrar a todos pero sí a quienes nos representan.
Este tema es especialmente grave si tenemos en cuenta que el ayuntamiento se ha visto obligado, por el gobierno de España, a pedir préstamos por más de 3 millones de euros para hacer frente a las facturas que tenía pendientes de abonar a sus proveedores, algo que condicionará las posibilidades de nuestro ayuntamiento entre 2015 y 2022 (momento en el que se tendrán que abonar el grueso de estos préstamos).
Comprendo a aquellos que ven el traslado de este tema al Tribunal de Cuentas como “una patada hacia adelante” para evitar que los detalles se conozcan en un momento muy inoportuno (a 5 meses de las elecciones municipales). En cualquier caso, creo que los mirafloreños nos merecemos ser informados rigurosamente y llegado el caso, si ha habido dejación de funciones (confío en que no haya sido así), que se asuman las correspondientes responsabilidades políticas o de cualquier otra índole.
Ángel Martínez (AM)
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